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NUEVA LEY DE CTI
Pero la razón más importante para re-
chazar estas denominaciones en la Ley y
en el Consejo, es que no existe una obliga- una reforma a la actual Ley que estable-
ción constitucional para hacerlo, pues en
la reforma del Artículo 73 fracción XXIX-F
se establece que es facultad del congreso
“legislar en materia de ciencia, tecnología
e innovación…”, y en el ya también citado
Transitorio Sexto, dice claramente que el
Congreso debe expedir en 2020 las Leyes
Generales de Educación y de: “Ciencia Tec-
nología e Innovación”. Así, no hay ninguna
obligación derivada de la reforma constitu-
cional para agregar algo en el nombre de la
Ley, o en el del CONACyT.
El financiamiento
Este es uno de los puntos mejor resueltos
durante 2019, en los que creo se puede lo-
grar consenso. El objetivo de alcanzar el
1 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) contemplado en la legislación vigen-
te, no solo ha mantenido a los gobiernos de
la República durante varios sexenios en la
ilegalidad, sino además se volvió obsoleto
cuando, por ejemplo, el promedio entre
los países de la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE)
fue de 2.5 por ciento en 2017. A propuesta
de la presidenta de la Comisión de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Cámara
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020
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de Diputados, Marivel Solís Barrera, dicha
instancia legislativa aprobó recientemente
ce que el gasto debe crecer anualmente
en términos reales hasta alcanzar el 1 por
ciento del PIB. Este es un buen punto de
partida, la obligación de un crecimiento
anual obligatorio de los recursos públicos
para la ciencia descontando la inflación;
pero no hay razón para poner un techo al
crecimiento del gasto y se debe simplificar
eliminando el tope del 1 por ciento.
Centralización o
participación democrática
Este ha sido sin duda uno de los puntos más
controvertidos durante 2019, el de la par-
ticipación. La pregunta es si se requiere de
organismos independientes que garanticen
la participación de científicos, tecnólogos,
académicos y empresarios en la definición
de políticas públicas en este sector; o se
quiere un poder centralizado con instan-
cias sometidas al control gubernamental.
La señal que ha dado la actual administra-
ción durante el año que concluye es buscar
la eliminación de organismos autónomos.
El ejemplo más claro, lo constituyen los re-
iterados ataques contra el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.