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FORO CONSULTIVO
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
explica, pero se votaba cada año, puesto
que el proceso se encontraba bajo la nor-
matividad del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF). Había años que no se
incluían. “El gran mérito del Foro fue pro-
poner al Senado que este proceso se esta-
bleciera en ley y no en el PEF”.
A inicios del 2014, añade, se discutieron
las leyes que derivaron de la reforma polí-
tica del Estado mexicano, entre ellas la ley
electoral. Se abrogó el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electora-
les y en su lugar se creó la Ley general de
instituciones y procedimientos electorales,
aplicable a todo el Estado mexicano, fede-
raciones, estados y municipios.
Junto con la Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Senado, el Foro logró que se es-
tableciera la nueva normativa en esta ley.
“Gracias a esa propuesta ahora el CONA-
CyT se beneficia de las multas electorales
que se imponen a los actores electorales,
así como en los estados, donde los con-
sejos estatales reciben los recursos de las
sanciones impuestas en las elecciones de
gobernador, presidentes municipales y di-
putados locales”.
Este recurso es de especial importancia
para los estados, agrega el jurista, puesto
que muchos consejos estatales de ciencia y
tecnología reciben presupuestos muy bajos
e incluso reciben más financiamiento por
multas electorales. “Por ejemplo, un esta-
do del sureste del país recibió en una oca-
sión 4 millones de pesos en presupuesto y
12 millones más por concepto de multas”.
Por otra parte, el Foro ha trabajado
desde hace una década con los estados
para actualizar sus leyes de ciencia y tec-
nología, adecuándose a las particularida-
des de cada entidad, refiere Mora Gallegos.
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