Las comunidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de México atraviesan momentos de tensión, incertidumbre, anemia financiera y ausencia de horizontes, como consecuencia de las acciones emprendidas por los nuevos responsables de la política en CTI en el 2019.

La notable disminución presupuestal al sector, el cuestionamiento y puesta en entredicho de los avances de las últimas décadas, el desdén hacia la innovación, la violación de la institucionalidad en Centros CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la cancelación de programas sin una evaluación adecuada, en especial el de la incorporación de jóvenes investigadores, el intento de supresión de organismos de consulta y participación de actores pertinentes y la ausencia de mecanismos de consulta y participación incluyentes, al igual que los desaires y enconos generados desde la autoridad, han configurado un escenario muy complicado para realizar un salto cualitativo en CTI.

La elaboración de una iniciativa de ley abre un espacio de oportunidad para corregir el rumbo, erradicar prejuicios y diseñar un nuevo marco normativo que despliegue las potencialidades alcanzadas.

Debemos reflexionar sobre la urgencia de conservar y fortalecer, o incluso recrear, una instancia, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en su carácter de instrumento autónomo y de alto nivel, que participe en la construcción del mejor camino para la CTI en México, donde se atiendan los campos de frontera y los requerimientos de México dentro de un marco de bienestar social y desarrollo sostenible.

Antes de entrar en materia, conviene asentar varias premisas:
La comunidad de CTI es compleja y requiere de una conducción cuidadosa, creativa e incluyente que le permita participar en las fronteras del conocimiento, a la vez de impulsar su aprovechamiento social.

La configuración de un Sistema de Ciencia y Tecnología todavía está en ciernes y seguimos en etapa de aprendizaje.

El posicionamiento de la CTI en México está muy por debajo del nivel que ocupa su economía a nivel mundial. Los tomadores de decisión, públicos y privados, están lejos de asumir el lugar estratégico que debe ocupar la CTI para alcanzar una economía con mayor impacto y mejorar los niveles de desarrollo.

La creación del FCCyT se remonta a finales de la administración del presidente Ernesto Zedillo y fue resultado de una exitosa política de continuidad de 12 años que cristalizó en mayor inversión y crecimiento del sector, en la generación de nuevos organismos de ciencia, en la introducción de sistemas de evaluación por pares y en la configuración de un nuevo modelo de centro de investigación, además de una nueva normatividad. En este marco, en mayo de 1999 se emitió la Ley de Fomento para la Investigación Científica y Tecnológica que incluyó la creación del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, antecedente del actual Foro Consultivo.

La propia ley de creación explica sus propósitos: “Se constituye el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, como órgano autónomo de consulta del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es promover la expresión de la comunidad científica y tecnológica, así como de los sectores social y privado, que de manera voluntaria y honorífica participen, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica”.

Sus responsabilidades se centraron en participar en la formulación y evaluación de políticas de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico, en la formulación y evaluación de programas, en proponer áreas prioritarias, incluyendo la formación de investigadores, en opinar sobre Centros Públicos de Investigación (CPI) y en materia de estímulos fiscales. Desde entonces se contempló que el CONACyT le suministraría fondos para su operación, al tiempo que la Secretaría de Educación Pública se encargaría de integrar el primer Foro por medio del propio Consejo, con la encomienda de que, una vez integrado, expediría sus bases de operación.

Como comentó el maestro Carlos Bazdresch, su promotor y entonces director del CONACyT, uno de sus propósitos principales fue alentar un espacio abierto de participación de la comunidad científica y facilitar su interacción con el Consejo. Con la llegada del gobierno de Vicente Fox, año 2000, se promovió una segunda ley que incluyó modificaciones al Foro Permanente.

En su elaboración y aprobación participaron activamente miembros de las comunidades de CTI y organismos del sector, de tal suerte que una iniciativa de ley de contenido tecnológico y de innovación derivó en otra de factura científica.  

El mes de abril de 2002 se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología junto a una nueva Ley Orgánica del CONACyT, donde se contempló la transformación del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología en Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano de consulta del Ejecutivo Federal, del Consejo General y del CONACyT, particularmente de su Junta de Gobierno.

Con ese cambio, al Foro se le asignaron las atribuciones de consultar, proponer y opinar en materia de políticas y programas nacionales en Ciencia y Tecnología (CyT); de investigación, formación, difusión y cooperación internacional, y de vinculación con el sector productivo, así como opinar sobre el Programa Especial en Ciencia y Tecnología (PECyT), sobre los programas anuales del CONACyT, sobre la transformación, liquidación y creación de Centros Públicos de Investigación, y asesorar a la Junta de Gobierno del CONACyT.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, se otorgó al FCCyT un cierto nivel de autonomía en virtud de que, a diferencia de la primera versión, se creó un secretariado designado por el CONACyT. La conducción se ejerció a través de una Mesa Directiva compuesta de 17 miembros representantes de organismos académicos y profesionales, del sector productivo y de 3 distinguidas personalidades de las ciencias, las humanidades y la tecnología . Además, se estableció la figura de un Coordinador General proveniente de las comunidades de CTI, designado por la Mesa Directiva.

La transformación del Foro Permanente en FCCyT se ubicó en un contexto que lo metió a contracorriente. Primero, fue una de las últimas expresiones de un proceso de continuidad de cerca de 12 años, con expectativas de apostar a un salto cualitativo en la materia; segundo, sobrevivió a los impulsos refundacionales de las administraciones de la alternancia, con su política orientada a la tecnología y la innovación, pero poco ligada a la investigación fundamental y a las ciencias sociales y las humanidades. A ello se agregan las acciones de tutelaje por instancias superiores que pretendían controlar los espacios de participación y de reflexión de las comunidades de investigadores y tecnólogos.

A lo largo de sus 20 años de existencia, el Foro instaló el basamento y la infraestructura institucional para su operación; dio pasos significativos para convertirse en pieza de interlocución de las comunidades de CTI con el sector público y privado para temas relacionados con la investigación y desarrollo tecnológico; captó en buena medida la atención de tales comunidades como instancia de detección y coordinación de su problemática y expectativas, promovió la organización de grupos de estudio y de generación de iniciativas especializadas sobre aspectos de interés para el desarrollo de la CTI, educación superior y problemáticas nacionales y regionales de relevancia regional y nacional.

Empero, lo que sigue pendiente es que asuma una autonomía plena para cumplir no solo con sus atribuciones sino con la encomienda para la que fue pensado: asegurar su capacidad de reflexión rigurosa e informada, de análisis y de visión con el objetivo de ayudar a mirar el futuro de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.

El logro de tal objetivo pasa necesariamente por la calidad de la composición de los miembros del Foro, por su capacidad para acoger y suscitar los mejores talentos, por su habilidad de interlocución tanto con las comunidades de CTI como con los distintos actores públicos y sociales, y por su capacidad para situarse por encima de los poderes y de las coyunturas; además, también pasa por la posibilidad que se tenga de liberarlo del inocultable tutelaje de la cabeza de sector de las políticas en CTI y de obtener financiamiento de fuentes adicionales.

Se debe alcanzar un sistema de CTI al nivel de la economía mexicana y que se convierta en un actor estratégico para el desarrollo nacional. Como ocurre en los países líderes y en los emergentes de décadas recientes que buscan una posición en el nuevo orden mundial; la nueva

Ley de CTI debe contemplar la existencia de un organismo del tipo del Foro, que sea independiente de las áreas ejecutivas y con la capacidad de identificar y orientar hacia las áreas de oportunidad de la CTI. Un órgano de esta naturaleza se hace ahora más necesario que nunca para abordar los complejos dilemas de una economía en plena mutación, de la transformación del mercado de trabajo, de las tendencias internacionales de la CTI, de los impactos del cambio climático y de la ineludible adopción de la sustentabilidad como estrategia para evitar el colapso de la vida tal y como la conocemos.

*Rafael Loyola Díaz, director general del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Octavio Paredes López, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional/Irapuato y José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y excoordinador general del FCCyT (2014-2018).
2014).

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Rafael Loyola Díaz, Octavio Paredes López y José Franco*