La autonomía ha significado la potestad que una persona, instituciones o poblaciones tienen para autogobernarse, dentro de cierto marco normativo, sin depender o tener sujeción de otros organismos, para realizar sus funciones y adoptar las formas de gestión que más le convenga. La referencia clásica a la noción de autonomía es a las universidades públicas latinoamericanas que reconfiguraron con esa condición sus relaciones entre la sociedad y el Estado. La conquista de la autonomía fue producto de la lucha por la libertades de pensamiento y expresión, contra la sumisión y el autoritarismo académico, la cátedra vitalicia, contra la educación elitista, contra el dogmatismo que apartaba a la universidad de la ciencia, por la elección de autoridades universitarias; en síntesis, fue la conquista de la libertad de cátedra y de investigación, así como de la democratización de la vida universitaria.
Jaime Martuscelli y Carlos Martínez Leyva*

El reconocimiento de la autonomía universitaria se sustentó en la especificidad de su misión y que realiza en sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación en todos los campos del conocimiento y difusión de la cultura, con valores que la distinguen como la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico y reflexivo, la formación ética, la responsabilidad social y el fomento de la solidaridad y a la tolerancia, entre otros. La autonomía de la Universidad se ha convertido en una fortaleza para el ejercicio de la libertad y la razón ante las amenazas de imponer o prohibir a la investigación temas u objetos de estudio o inhibir importantes desarrollos que han tenido la ciencia y la tecnología.

A veces se intenta desconocer que los avances que se logran en algunos campos del conocimiento ayudan a mejorar la calidad de vida y resolver graves problemas que afectan al conjunto social. Existen asimismo propuestas de apartar del quehacer universitario a las humanidades y las artes por su reducido valor de cambio en el mercado, sin considerar que son éstas las que nos proporcionan la posibilidad de comprender el mundo y la diversidad de circunstancias que hoy nos aquejan a nivel mundial y propiciar una convivencia responsable y ética.

La universidad tiene que fortalecer y consolidar permanentemente las condiciones necesarias para su desarrollo: libertad y autonomía. El cumplimiento del compromiso de la universidad con el conocimiento requiere asegurar la libertad de pensamiento y la libertad académica para investigar y enseñar. Las actividades académicas solo pueden rendir buenos frutos cuando se desarrollan con la autonomía necesaria para que se exprese la pluralidad, la diversidad y la crítica. Sin esta libertad, difícilmente se generaría un ambiente propicio para el avance del conocimiento. La autonomía ha facilitado el crecimiento institucional en la medida en que ha permitido adaptarse a
la dinámica de la ciencia y la tecnología, generando nuevos objetos de estudio, nuevos espacios de interés, nuevos campos profesionales y en la medida de lo posible, nuevos desarrollos académicos.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la autonomía lograda hace 90 años le ha permitido llegar a ser una de las principales instituciones de educación superior en Iberoamérica, mantener su carácter de institución pública, laica y gratuita; ser referente de la libertad de conciencia, de responsabilidad y transparencia en el manejo de recursos, de ser puntal de la investigación en ciencias y humanidades, coadyuvando con ello en la solución de los grandes problemas. La autonomía también le ha permitido organizarse a sí misma para responder mejor a las demandas sociales; ha hecho posible la participación democrática de su comunidad en la toma de decisiones a través de numerosos cuerpos colegiados, integrados con representación de cada uno de los sectores que integran la institución, donde se expresa el disenso y se logran los consensos sobre decisiones fundamentales: elección de autoridades, elaboración y aprobación de planes de estudio, contratación de académicos, evaluaciones, dictámenes, comités editoriales, reconocimientos, entre muchos otras aspectos de su vida interna.

La integración y funcionamiento permanente de esos órganos son los medios de acción colectiva indispensables para procesar las necesidades, demandas y conflictos internos y se convierten en consecuencia en garantes de la autonomía, en atención a las demandas sociales y universitarias. La Universidad ha elaborado normas relativas para la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de sus recursos, el acceso a la información, para la atención a la inseguridad y violencia de género y destacadamente un código ético universitario.

La demostración de la capacidad de la Universidad para autogobernarse, en un contexto de pluralidad y respeto a la diversidad de pensamiento manifestada en la libertad de cátedra y de investigación fueron fundamentos para que, a propuesta del entonces rector de la UNAM Guillermo Soberón, se modificara el Artículo 3ro. Constitucional para incluir una fracción VII que garantiza y define los alcances de la autonomía.

No obstante, es necesario advertir que la norma jurídica que reconoce el carácter autónomo de las universidades, como consustancial a su quehacer, no garantiza el respeto a su autonomía de parte de los poderes públicos y demás fuerzas sociales, políticas o religiosas que no comprenden la lógica académica de sus funciones sustantivas. La autonomía no es un hecho consumado sino una condición inacabada que requiere de una renovación constante y una vigilancia permanente de los nuevos retos y desafíos de una sociedad cambiante. Estas amenazas se han expresado de diferentes maneras y no han sido solamente externas sino desafortunadamente internas, por lo que se requiere una actitud de reflexión autocrítica permanente, la constante rendición de y la observancia de principios éticos.

El financiamiento ha sido un mecanismo mediante el cual el Estado ha tratado de imponer condiciones a las universidades y obligado a la búsqueda de fuentes alternas de recursos, lo cual se ha convertido en una nueva tarea. Aunque las comunidades universitarias aceptan la necesidad de allegarse recursos adicionales al subsidio, se debe insistir en el compromiso ineludible del gobierno de apoyar a las instituciones públicas de educación superior. A partir de la dependencia del presupuesto, se ha intentado incidir sobre los criterios de ingreso, imponer criterios de planeación y desarrollo institucional, formación y mejoramiento del profesorado, evaluación y acreditación de planes y programas por instancias externas, orientación sobre temas de investigación, entre otros aspectos.

También se ejerce una intervención normativa modificando, sin el consentimiento de los universitarios, y a iniciativa del poder ejecutivo local, Leyes Orgánicas que atentan contra la libertad de autogobernase y trastocan la normalidad académica, tal y como ha ocurrido con la Universidad Autónoma de Hidalgo y recientemente con la Universidad Autónoma de Nayarit. O bien, se pretende controlar a las instituciones autónomas mediante la presión que se ejerce sobre los órganos de elección para el nombramiento de autoridades.

La autonomía, como se observa, no deja de ser incómoda para algunas esferas del poder que intentan condicionarla para que, las instituciones con ese carácter, atiendan una visión o interés particular o sean instrumentos del juego político. De hecho, los órganos autónomos son espacios de lucha por el poder que son parcelas de éste. Por ello la autonomía es relativa, y tiene que persistir en un contexto complejo y cambiante en el que se tiene que convivir a contracorriente, defendiendo los valores básicos que la sustentan como la libertad, responsabilidad, equidad, la imparcialidad, la objetividad, la solidaridad, y el respeto al estado de derecho. La autonomía tiene que reforzarse y defenderse permanentemente.

*Jaime Martuscelli y Carlos Martínez Leyva, Coordinación de Proyectos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Fotos: UNAM.