Inicio > revista forum > Forum 56. La ciencia y la tecnología como derecho de los mexicanos

El 2019 fue un año con importantes avances en materia de legislación en educación, ciencia, tecnología e innovación. Por primera vez, gracias a una modificación al Artículo 3º de la Constitución Mexicana, se “reconoce el derecho de las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”1. Esta modificación obliga al Estado Mexicano a apoyar la investigación científica y tecnológica y a “garantizar el acceso a la información derivada de la investigación que se realice en todos los campos”1.

 

Estos cambios constitucionales requieren que se defina de manera muy precisa las atribuciones que tendrán la Federación, los Estados y municipios para garantizar los beneficios de la ciencia que se mencionan en el artículo 3º. Para esto, se requiere de una nueva Ley General, que el Congreso de la Unión deberá aprobar a más tardar en el 2020, según lo estipulado en el artículo sexto transitorio de la Constitución.

Principales hitos sobre legislación en CTI

•    1970: Decreto presidencial para la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
•    1985: Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico.
•    1999: Ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica.

2002: Ley de Ciencia y Tecnología, descentraliza y articula mejor los esfuerzos de promoción de CTI. Establece que el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no podrá ser menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, se realizaron reformas al Artículo 73, fracción XXIX-F, que faculta al Congreso de la Unión “a legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”1 que tome en cuenta “la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”1.

En este contexto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico organizó una consulta para conocer la opinión de la comunidad del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en México, para que sirviera como un insumo en el proceso de elaboración de la Ley General de CTI. Esta consulta se realizó en concordancia con los artículos 36 y 37 de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología que establecen, respectivamente, que el Foro Consultivo tiene “por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación” y que tiene la función de “proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.

La consulta se realizó por medios electrónicos del 17 de julio al 4 de agosto y estuvo disponible en la página del Foro Consultivo para cualquier persona interesada en las actividades de CTI en México. Participaron 7 mil 260 personas, de las cuales cerca de 40 por ciento eran mujeres, y 87 por ciento del total, investigadores.

La consulta constó de 37 preguntas divididas en 9 temas y una pregunta abierta en la que se recibían comentarios o sugerencias sobre temas que no hubieran sido considerados en el cuestionario.
A continuación se describen los resultados principales en cada una de estas secciones:

1    Política de CTI. Incluyó preguntas que buscaban conocer la opinión de los participantes sobre las prioridades que debían considerarse en la Ley General de CTI y sobre temas de planeación, designación de responsabilidades y participación de la comunidad. La mayoría de los participantes coincidió en que los procesos de planeación tenían que ser incluyentes y de largo plazo, que debería haber una mayor democratización en la toma de decisiones, y basarse en conocimiento científico (Gráfica 3 y 4).
2.    Sistema Nacional de CTI. Se solicitó la opinión de la comunidad sobre la pertinencia de los principales actores del sistema de CTI en México y su necesidad de transformarse. La opinión generalizada reconoció la importancia de instituciones como la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Gráfica 5) .
3.    Diseño institucional. Tuvo como objetivo conocer la opinión de los miembros del Sistema de CTI sobre quiénes deben de liderar y participar en la definición de la política nacional en ciencia, tecnología e innovación. La opinión generalizada fue que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) debe ser quien lidere el proceso de definición de política de CTI, pero que la participación de otros actores es importante; por ejemplo, la mayoría consideró que una figura como el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación debe preservarse, aunque con ciertas modificaciones (Gráfica 6).
4.    Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Abordó el tema de financiamiento a la CTI. La gran mayoría opinó que el gobierno federal debe ser el mayor proveedor de recursos públicos para estas actividades y que debe garantizarse la asignación plurianual de los recursos. Además, 90 por ciento de participantes estuvo de acuerdo con que se debe fomentar la participación del sector privado (Gráfica 7).
5.    Centros Públicos de Investigación. En esta sección la mayoría de los participantes consideró que los Centros Públicos de Investigación deben de gozar de autonomía y estar sectorizados al CONACyT o alguna universidad (Gráfica 8).

6.    Vinculación con el sistema productivo. Se consultó sobre la percepción de los participantes sobre los organismos actuales que se dedican a promover la vinculación de la CTI con el sector productivo. Por ejemplo, alrededor de 40 por ciento de participantes tiene la percepción de que el Comité Intersectorial para la Innovación, responsable de diseñar y operar la política pública de innovación, ha sido poco efectivo. Más de 55 por ciento opinó lo mismo sobre las Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento.
7.    Acceso a la información científica. Esta sección consultó la opinión sobre la importancia de que exista una plataforma digital de acceso abierto a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización. La mayoría de los participantes indica que la sociedad en general, debería tener acceso a una plataforma que contenga esta información (Gráfica 9).
8.    Transparencia. Esta pregunta buscaba identificar temas de transparencia en la elección de representantes y la asignación de recursos. Más de 95 por ciento indicó que Ley debe establecer las definiciones y procedimientos necesarios para garantizar la transparencia en la asignación de los recursos, evitando así la discrecionalidad.
9.    Bioseguridad. Aquí se preguntó la opinión de los participantes sobre, si la Ley de Bioseguridad, por sus posibles implicaciones en salud; medio ambiente; diversidad biológica; sanidad animal, vegetal y acuícola, debe ser un ordenamiento independiente a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más de 60 por ciento estuvo de acuerdo (Gráfica 10).
10.    Respuesta abierta. Se realizó al final de la consulta, con el objetivo de recopilar las opiniones, comentarios o sugerencias que no hubieran sido considerados en las preguntas anteriores. Se recibieron 3 mil 605 aportaciones que fueron agrupadas en categorías genéricas; las más comunes hicieron referencia a la necesidad de contar con una planeación participativa y de largo plazo, de asignar más recursos a las actividades de CTI y sobre la importancia de que existan mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentan en la toma de decisiones y en la asignación de recursos (Tabla 1).

Un tema recurrente, que alcanzó casi el 7 por ciento del total de las aportaciones, fue la preocupación de que existan oportunidades y apoyo suficiente a jóvenes investigadores y de que se tengan los mecanismos que permitan el aprovechamiento de los recursos humanos existentes.

Los resultados completos de esta consulta pueden consultarse en: https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Resultados_ConsultaLe...

*Liliana Estrada Galindo, directora de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión.

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Liliana Estrada Galindo*