Inicio > revista forum > Forum 56. Derecho humano a la ciencia: su incorporación obligada en la LGCTI

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Artículo 3°, a fin de incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica como parte de las atribuciones del Estado en materia de derechos humanos. México se suma así a una creciente tendencia global que considera a la ciencia como un bien público y alinea el marco jurídico nacional al régimen internacional de derechos humanos del cual el Estado es parte desde 1948 con la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General unánimemente.

 

La reforma eleva a rango Constitucional el reconocimiento de que la generación de conocimiento, su uso y aplicación son estratégicos para el desarrollo sostenible del país. México necesita y aprovecha los nuevos conocimientos, las tecnologías y la innovación como un eje transversal, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Pese a que han pasado 4 años de la adopción de la Agenda, México no le ha dado a la ciencia el papel estratégico para su implementación, cuando en realidad es una gran aliada para acelerar los esfuerzos a fin de lograr los cambios sociales y medioambientales, así como la garantía de derechos que exigen los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Reconocer a la ciencia como un derecho en la legislación nacional se inserta dentro del recordatorio de que el futuro está determinado en lo que hacemos ahora y que la ventana de oportunidad se cierra con rapidez. La ciencia ofrece lo necesario para proponer soluciones ambiciosas, transformadoras e integradoras para los retos planteados en la Agenda 2030.

El Artículo 27 de la Declaración sienta las bases del derecho humano a la ciencia al referir que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. México, como país signatario, abrió las puertas a que los derechos consagrados en la Declaración se consideran independientes del reconocimiento en las costumbres y el sistema legal, puesto que se considera que los derechos humanos comprenden prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas.

Sin considerarlo como una tarea acabada, Naciones Unidas trabajó en una serie de acuerdos que haría de las disposiciones de la Declaración Universal una desagregación más específica y con mayor poder vinculante a los países ratificantes. Entre ellos, surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue enviado a la Asamblea General en 1954 y aprobado en 1966, pero no entró en vigor sino hasta 10 años después al reunir las 35 firmas nacionales. México se adhirió al tratado en 1981, asumiendo nuevos compromisos con poder vinculante en materia de derechos humanos.

El Artículo 15 del Pacto reafirma lo que la Declaración establece en cuanto a que se reconoce el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, aunque, a su vez, agrega que los Estados deben adoptar para el pleno ejercicio al derecho a la ciencia “las (medidas) necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”, el “respeto a la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora” y el “fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.

Consagrándose así las disposiciones de los 2 grandes pilares del derecho a la ciencia, junto con otros esfuerzos regionales, aunque de igual forma, multilaterales, el contenido normativo del derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones incluye:

 

a) El acceso a los beneficios de la ciencia por parte de todos, sin discriminación

El derecho a la ciencia implica un derecho de acceso a toda persona al conocimiento científico, sus avances, así como a la información, sin discriminación de ningún tipo por raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, propiedad, lugar de nacimiento u otro. El acceso debe ser a la ciencia en su conjunto y no solo a sus resultados o aplicaciones específicas, de ahí que el Estado adopte las políticas necesarias para garantizar el acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades.

Por un lado, el acceso abierto debe propiciar la conformación de una red de conocimiento global, en donde la investigación local se asocie con la investigación externa, formando una red interoperable de conocimiento, a través de la formación de nuevos contactos y asociaciones, y aumentando el impacto de la producción de conocimiento.

Por el otro, es el derecho a tener acceso a las aplicaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación. Las innovaciones resultan ser esenciales para una vida digna, por lo que deben ser accesibles para todos, en particular a las poblaciones marginadas, y en áreas como la salud, alimentación, disponibilidad de agua y medio ambiente.

El principal reto del acceso al beneficio de la ciencia recae en que pese a que el Estado asume compromisos con su adhesión a los instrumentos jurídicos internacionales, como el Pacto, el régimen de propiedad intelectual no toma en cuenta las consideraciones de los derechos humanos, y en su lugar se basa principalmente en consideraciones económicas, reflejando la fragmentación de las esferas intelectuales y de poder.

En consecuencia, al privilegiarse el régimen de propiedad intelectual sobre el de derechos humanos, el Estado crea las condiciones para la acumulación de capital de unos cuantos y extiende el beneficio del progreso científico y tecnológico a quienes tienen los recursos y las condiciones para gozar de ellos, mientras que excluye y restringe su alcance a los estratos sociales menos favorecidos y más vulnerables. De ahí el imperativo de armonizar ambos regímenes jurídicos.

 

b) Oportunidades para que todos contribuyan a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación

La libertad de investigación científica significa garantizar que la actividad científica permanezca libre de interferencias políticas y de otro tipo, al tiempo que garantiza los más altos estándares de garantías éticas.

La libertad científica abarca el derecho de comunicar libremente los resultados de la investigación a otros, publicarlos y publicitarlos sin censura e independientemente de las fronteras políticas. A su vez, incluye el derecho de los científicos a formar y unirse a asociaciones, así como a colaborar con otros científicos tanto nacionales como internacionales, aunado a la libertad de salir y reingresar a su propio país.

Además, la libertad científica implica respetar la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad de los académicos y los estudiantes para, entre otras cosas, expresar opiniones sin temor a la represión por parte de Estado o cualquier otro actor.

El Estado debe garantizar el respeto por la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creativa adhiriéndose a las normas básicas del régimen internacional de derechos humanos. Estos incluyen la protección efectiva de la libertad de expresar y comunicar ideas, viajar dentro y fuera del país para formar asociaciones profesionales.

La producción científica requiere un entorno que respalde la libertad de realizar investigación de acuerdo con estándares éticos y profesionales sin interferencia indebida, por lo que, a su vez, implica respetar el principio de responsabilidad y autorregulación.

 

c) La participación de individuos y comunidades en la toma de decisiones

La razón de la importancia de la participación de individuos, comunidades y pueblos en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia incluye:

i. La obligación de proteger a todas las personas, incluidas las poblaciones marginadas y los pueblos indígenas contra las consecuencias negativas de las pruebas científicas o aplicaciones sobre su integridad, seguridad alimentaria, salud o entorno; y

ii. La necesidad de garantizar que la investigación científica se lleve a cabo en temas de primera importancia, incluso para los más vulnerables. Las decisiones importantes relacionadas con las prioridades de financiación e investigación, las políticas científicas, las áreas emergentes de investigación y las nuevas aplicaciones tecnológicas deberían implicar un proceso participativo e incluyente.

 

d) Un entorno propicio que fomente la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología

La participación de individuos no puede excluir el involucramiento de científicos, académicos, tecnólogos e innovadores en la toma de decisiones. Tal como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Estado debe dar a la comunidad la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación, velando por su conservación, desarrollo y difusión. Asimismo, debe crear los espacios para que proporcionen asesoramiento basado en evidencia en materia de políticas públicas a los legisladores y funcionarios públicos.

La conservación requiere la identificación y salvaguarda del conocimiento científico, productos y herramientas, incluyendo literatura, bases de datos, especímenes y equipos.

El desarrollo exige un compromiso explícito con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el beneficio humano, i.e. desarrollando planes nacionales de acción. Por lo general, esto implica la adopción de programas para apoyar y fortalecer la investigación financiada con fondos públicos, desarrollar asociaciones entre los actores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y promover la libertad de investigación científica.

La difusión abarca la diseminación del conocimiento científico y las aplicaciones tanto dentro de la comunidad científica como en la sociedad en general, incluso a través de la publicación de resultados de investigaciones. La difusión de la ciencia es una condición previa para la participación pública en la toma de decisiones y es esencial para fomentar la investigación, el desarrollo y las aplicaciones.

 

¿Qué implica el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones?

La declaración de que todos tienen derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones plantea la pregunta: ¿cuáles son los beneficios del progreso científico? ¿Son principalmente bienes materiales? ¿Son tan numerosos que la garantía del derecho se vuelve poco viable? Los beneficios de la ciencia se extienden mucho más allá del ámbito material.

El derecho a la ciencia a veces se considera un requisito previo para la realización de una serie de otros derechos humanos. El vínculo con otros derechos humanos, como los derechos a la salud, el agua, la vivienda y la educación, así como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, es intrínseco.

La ciencia y la tecnología deben utilizarse con fines de derechos humanos y evitar a toda costa que den lugar a problemas sociales, o que incluso atenten contra la dignidad de las personas y sus libertades fundamentales. Ambas se relacionan con la búsqueda del conocimiento, la comprensión de los problemas y fomentan la creatividad humana en un mundo en constante cambio que impone retos cada vez más complejos.

A este respecto, México y más de 150 naciones adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción que se esfuerza por no dejar a nadie atrás, poniendo el imperativo de la igualdad, la no discriminación y la garantía de los derechos humanos en su corazón. Atender la Agenda 2030 para que se aplique con el apoyo de los recursos y el compromiso políticos necesarios es crucial para garantizar en simultáneo los derechos humanos que ponen la dignidad humana como el principio y fin a alcanzar.

La reforma al Artículo 3º constitucional en materia de ciencia, tecnología e innovación se inserta dentro del derecho a la educación en vista de que como requisito previo se requiere garantizar las condiciones necesarias para que todos participen continuamente en el pensamiento crítico sobre sí mismos y el mundo en el que habitan, y para tener la oportunidad y los medios para interrogar, investigar y aportar nuevos conocimientos con ideas, expresiones y aplicaciones innovadoras.

Sin embargo, la Ley General próxima a definirse en la materia no puede omitir lo que el régimen internacional ya ha definido en términos de inclusión, no discriminación, libertad de investigación, la apertura en la toma de decisiones para los individuos y las comunidades, incluida la de ciencia, tecnología e innovación, así como la construcción y consolidación de los entornos propicios para la conservación, desarrollo y difusión del conocimiento.

El Estado, a través de la Ley, debe crear conciencia sobre el significado y la importancia del derecho a la ciencia entre los investigadores, las universidades y los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el público en general. Y lo más importante es que debe garantizar que el derecho humano a la ciencia sea una realidad en cada rincón soberano del territorio para toda persona que se encuentre dentro de él.

*Alfredo Camhaji, responsable de Proyectos Estratégicos del FCCyT.

*Alicia Acosta y Rafael Iñiguez, investigadores de Proyectos Estratégicos del FCCyT.

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Alfredo Camhaji, Alicia Acosta y Rafael Iñiguez*