Inicio > revista forum > Forum 56. Asesoría científica y tecnológica para el Congreso de la Unión Tema de discusión para la Ley General de CTI

La solución a los grandes problemas globales como el combate al cambio climático, el acceso a agua potable, el manejo responsable de residuos sólidos, el garantizar que todos los seres humanos tengan una alimentación básica o, en general, la construcción de un mundo más resiliente y con una visión de desarrollo sostenible, requiere el quehacer conjunto y la participación inmediata de diferentes actores y por supuesto del sector científico y tecnológico.

 

Todos los sectores tienen una función esencial para el buen funcionamiento de México: El gobierno mediante la definición de políticas públicas y garantizando el estado de derecho, el privado por medio de la inversión y generación de empleos, la sociedad mediante la observancia y seguimiento de planes y programas y el académico a través del aporte de conocimiento y propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. Pero un actuar aislado no es suficiente y se requiere la vinculación estrecha de todos ellos.

Específicamente, es de suma importancia la vinculación entre el gobierno y la academia. El Institute for Government del Reino Unido menciona que “la formulación de políticas es una tarea central para el gobierno. Pero para que la política sea correcta, ésta debe estar abierta a ideas externas” sobre todo de la academia. Es decir, es de suma relevancia que el diseño de leyes y políticas públicas, que pueden tener un impacto local, regional o nacional, estén sustentadas en información confiable y objetiva.

Sin embargo, a pesar de que los beneficios de la vinculación de la academia con el gobierno son evidentes, no es una relación que se desarrolle de forma natural o sencilla debido a que responden a prioridades distintas y a que funcionan en diferentes escalas de tiempo.

El reto radica en cómo facilitar la comunicación entre ambos sectores, para incentivar el uso de la evidencia científica como apoyo a la toma de decisiones. Una solución a este problema, es promover la formación de expertos que entiendan ambos mundos y se especialicen en facilitar esta comunicación. A las actividades que se enfocan en proporcionar conocimientos e información científica a los tomadores de decisión, se les conoce como asesoría científica, asesoría tecnológica, o interfaz ciencia-política.

En este sentido, con la finalidad de brindar el servicio de asesoría científica y tecnológica al Poder Legislativo, el Foro Consultivo creó en 2016 la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU), cuyo objetivo es proporcionar información confiable, resultado de un proceso riguroso de investigación, para contribuir a la generación de políticas públicas y a la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

Sería importante que la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación contemple la existencia de organismos como INCyTU, que garanticen la asesoría científica a diputados, senadores y a los tomadores de decisiones, en general.

Para esto, se puede tomar la experiencia de otros países como Finlandia, Suiza y Francia, en los que la creación de sus oficinas de asesoría científica se determinó por ley. En Alemania se hizo a través de una resolución del Parlamento, similar a lo sucedido en Grecia y Polonia, y el Parlamento Europeo, que formó una oficina de asesoría regional.

En el caso de la oficina británica, mejor conocida como POST por sus siglas en inglés, con la cual INCyTU trabaja de manera cercana, fue originalmente organizada como una fundación y fue absorbida por el parlamento después de algunos años.  

Un elemento importante en todos estos casos, es que estas oficinas al haber sido creadas por ley, o por acuerdo de sus parlamentos, les da un estatus de órganos de consulta oficial que legitima su trabajo de asesoría científica y tecnológica.

En el caso de México, que la Ley de General de Ciencia, Tecnología e Innovación cree o reconozca una oficina como INCyTU, facilitaría la participación del sector científico y tecnológico en la toma de decisiones, lo que complementaría la visión de los órganos especializados de investigación jurídica, legislativa, sociales y de finanzas públicas ya existentes, como el Instituto Belisario Domínguez y el Centro Gilberto Bosques de la Cámara de Senadores o el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

*Liliana Estrada Galindo, directora de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión .

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Liliana Estrada Galindo*