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Num. 8 Enero 2016

   Editorial

    Uno de los acontecimientos más sobresalientes en este final de año, fue
                               la reforma a la ley de Ciencia y Tecnología y a la de Responsabilidades
                               Administrativas de los Servidores Públicos. Los cambios abren nuevos
                    caminos para la vinculación entre las instituciones públicas que realizan activi-
                    dades científicas y tecnológicas, con los sectores productivos. Se eliminan algu-
                    nas de las trabas que impedían la colaboración entre científicos y empresas, una
                    asociación indispensable para dejar atrás un modelo económico basado en la ex-
                    portación de materias primas y de manufacturas producidas con ideas, insumos
                    y materiales externos, y pasar hacia una economía basada en la creatividad y la
                    producción de productos con alto valor agregado.

                        La promulgación de estas reformas, el pasado 8 de diciembre, estuvo pre-
                    cedida de una intensa labor en el Congreso de la Unión. Durante dos años, las
                    Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados
                    trabajaron sobre una propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que
                    permitiera a todas las instituciones públicas contar con unidades especializadas
                    para la vinculación con los sectores productivos. La finalidad es establecer dife-
                    rentes modalidades de asociación, como asociaciones estratégicas, consorcios,
                    nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.

                        Adicionalmente, con las reformas a la Ley de Responsabilidades Administra-
                    tivas de los Servidores Públicos, se eliminan obstáculos para que los investiga-
                    dores de las instituciones públicas puedan beneficiarse de esas modalidades de
                    vinculación y obtener un beneficio económico de acuerdo con la normatividad
                    que establezca cada institución, la cual deberá quedar definida a más tardar en
                    abril de 2016.

                        Después de un amplio proceso legislativo que incluyó la consulta a diferentes
                    sectores y en la cual el Foro Consultivo Científico y Tecnológico participó acti-
                    vamente, las reformas fueron aprobadas por unanimidad por todas las fraccio-
                    nes parlamentarias, lo que muestra que, independientemente de las diferencias
                    ideológicas que puedan existir entre las distintas representaciones sociales, hay
                    un interés común por avanzar en el desarrollo científico y tecnológico de Méxi-
                    co para que este realmente contribuya a la transformación del país.

                        Lo que queda ahora es esperar que las reglamentaciones internas de las insti-
                    tuciones públicas, otorguen las facilidades a sus investigadores para desarrollar
                    toda su creatividad; y que las empresas puedan aprovechar esta gran oportuni-
                    dad e invertir mayores recursos en ciencia y tecnología, para desarrollar una
                    mayor competitividad nacional e internacional, creando productos con un alto
                    valor agregado. Este es el mensaje que han dado los legisladores de todos los par-
                    tidos políticos, a quienes debemos felicitar por estas reformas.

                                                                                                                José Franco
                                                                                                  Coordinador General

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