Propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuente, de manera clara y de fácil acceso en su portal de internet, con toda la información pública necesaria para facilitar el proceso de innovación en nuestro país, congruente con la cultura de transparencia, así como de la instrumentación necesaria que permita realizar los trámites vía internet, haciendo más eficientes los procesos y reduciendo sus tiempos.

Pide que se realicen de inmediato las acciones legales correspondientes, y las demás dentro del ámbito de sus competencias en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ante la detección de contaminación de maíz nativo por maíz transgénico, ya que dicha contaminación puede escalar hasta afectar al conjunto de los productores agrícolas de maíz a nivel nacional.

Exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a promover las iniciativas diplomáticas y regulatorias adecuadas para garantizar que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio apliquen correctamente las normas mínimas contenidas en el Acuerdo ADPIC. Exhorta a la Procuraduría General de la República a definir una línea política clara, estructurada y proactiva que, junto con las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión y por la Iniciativa Privada en materia aduanera, penal, de derechos de autor y propiedad intelectual e industrial, coordine y dirija las acciones de México en la lucha contra la falsificación y la piratería; así como la concientización de los ciudadanos con el fin de favorecer un cambio de actitud en la población respecto del fenómeno de la falsificación y la piratería. Solicita a la Procuraduría General de la República informe a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas y resultados concretos que ha obtenido la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en el combate a la falsificación y la piratería.

Exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar e instrumentar un programa básico, de mediano y largo plazo, de sustitución de importaciones que fortalezca a las instituciones de investigación científica y tecnológica y las vincule con el sector productivo, a fin de desarrollar productos nacionales para impulsar el desarrollo sostenido de nuestro país y disminuir la dependencia con el exterior.

Ley de Ciencia y Tecnología: Propone adoptar una nueva visión del Programa Especial para Ciencia y Tecnología (PECYT) como un instrumento en el que se concrete la política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación y que pueda ser lo suficientemente flexible y dinámico para ser actualizado de manera permanente conforme las tendencias y avances del acontecer científico y tecnológico en México y el mundo. Plantea que se realicen acciones y programas específicos, concretos y medibles, así como estrategias para la evaluación de sus resultados. Pretende adicionar al PECYT cinco nuevas características que serían: una visión de largo plazo, con proyección a 25 años; que sea actualizable cada tres años, de manera que coincida con el inicio de cada nueva Legislatura y pueda ser evaluado y atendido presupuestalmente; que tenga como contenido sustantivo dos nuevos aspectos que orienten los apoyos y acciones públicas a resultados efectivos: ÁREAS PRIORITARIAS del conocimiento y la innovación tecnológica y PROYECTOS ESTRATÉGICOS de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones.