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Los orígenes de la tradición universitaria en México se remontan a mayo de 1910 cuando se promulgó la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, que en septiembre de ese mismo año inició funciones. La primera universidad en México en obtener el rango de autónoma fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en octubre de 1917; en segundo lugar, en 1918 la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa; en un tercer momento la Universidad del Sureste, hoy Autónoma de Yucatán en 1922 y posteriormente la Universidad de San Luis Potosí, en 1923.
Gilberto López Alfaro*
La condición de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se remonta al año de 1929. El 6 de junio, el Congreso de la Unión concedió al presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio facultades extraordinarias para legislar sobre la autonomía universitaria. El proyecto de Ley Orgánica para su discusión sucedió el 21 de junio de 1929. Los resultados se publicaron en el Diario Oficial el 26 de julio de ese mismo año. La Ley orgánica de la UNAM se modificó en 1933 y posteriormente en 1945, dando paso a una Ley Orgánica, que hoy sigue vigente en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 fueron decisivos para marcar el rumbo de la defensa de los derechos de autonomía en México. No solamente para el caso de la UNAM sino para todas las instituciones universitarias del país que de manera directa o indirecta reaccionaron a favor de los derechos más elementales del ámbito de la academia y educación superior.
En octubre de 1979 el presidente de la República, José López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar el Artículo 3º Constitucional, para elevar a rango constitucional la autonomía de las universidades en México. El 9 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial que la autonomía universitaria adquirió el carácter de un derecho constitucional.
Los logros más importantes del carácter autónomo de las universidades se circunscriben en los siguientes aspectos: el derecho a la autorregulación legislativa, académica y administrativa, es decir, de autogobierno, además de la libertad de cátedra y de investigación.
Al día de hoy, el fortalecimiento de la defensa de la autonomía universitaria se promueve desde las instancias de instituciones agremiadas en torno al ámbito de la educación superior, tales como el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, la Alianza de Instituciones Particulares de Educación Superior en México, entre otras.
La defensa de la autonomía universitaria hoy se circunscribe en el ámbito de una mayor democratización, pluralidad, inclusión, y apertura de una sociedad que demanda una mayor presencia y acceso a la enseñanza y servicios que las universidades ofrecen. La labor de las universidades en el avance y progreso en los ámbitos científicos, culturales, deportivos, son de suma importancia para el fortalecimiento de un futuro más próspero de México.
El papel que desempeña la educación superior en el futuro del país es de importancia vital. Para ello, se requiere de certidumbre, estabilidad y un rumbo firme en materia de la autonomía universitaria. Sin embargo, los procesos de transformación de leyes y estatutos orgánicos universitarios en fecha reciente han presentado acciones que no abonan a esa estabilidad y rumbo firme. Los casos de las universidades de Baja California, Estado de México, Baja California Sur, Veracruz, Nayarit y Sinaloa son un ejemplo de la amenaza que atenta a su permanencia, rumbo y estabilidad al verse trastocados sus estatutos constitutivos.
Gilberto López Alfaro, doctor en historia y coordinador del doctorado en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Foto: Cortesía Gilberto López.
