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Boletín No. 551 / Ciudad de México, 10 de noviembre de 2017.

Venció el plazo y aún pocas instituciones han cumplido con este requisito legal  y en algunas que lo han hecho, se imponen normas que son más restrictivas e inhibitorias que las que existían antes de la reforma, lamentó Enrique Galindo Fentanes.

Desde junio de 2016, los Centros Públicos de Investigación (CPI) y las instituciones de educación superior, debieron adecuar su legislación con  las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que acabaría los conflictos de interés para investigadores que trabajan en colaboración con empresas, recordó el doctor Enrique Galindo, en la Tercera Jornada de Innovación y Emprendimiento, que se llevó a cabo en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La reforma a la Ley que hace una excepción al conflicto de interés para el caso de la participación de los investigadores en la creación de empresas de base tecnológica, otorgó 180 días para que los CPI e instituciones adecuaran su legislación, lo cual no se ha cumplido por la mayoría.

“Lamentablemente, sólo un muy limitado número de instituciones se ha cumplido con este requisito legal  y en algunas de las muy contadas instituciones que lo hicieron,  establecieron normas que paradójicamente son más restrictivas e inhibitorias que las que existían antes de la reforma”, lamentó Galindo, en su conferencia: “La iniciativa del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) en empresas de base tecnológica”.

En nuestro país, explicó Galindo, históricamente  uno de los principales obstáculos para el emprendimiento era que el 70 por ciento de los investigadores trabajan en CPI y universidades y la ley a nivel federal les impedía la participación en empresas a las que se les pudieran transferir las tecnologías generadas en las instituciones administradas con recursos públicos. Ahora ese impedimento ya no existe, pero no es aprovechado, lo que genera que siga sin haber el impacto que se espera en emprendimiento e innovación.

Dichas modificaciones a la ley, continuó el investigador que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en 2015, no solo permiten la formación de empresas por investigadores de las instituciones públicas y la transferencia de tecnologías a dichas empresas, sino que también las estimula. A nivel internacional esta excepción al conflicto de interés es aceptada y ha disparado la innovación en las naciones en los que se ha implementado, como lo evidencia el artículo: Legislative environment and others factors that inhibit transfer of Mexican publicly funded research into commercial ventures.

Los investigadores en México tenemos una oportunidad única, no sólo para generar conocimiento, sino para contribuir a llevar a nuestra economía a una basada en el conocimiento, al generar empleos de alta calidad y riqueza para nuestra sociedad. Lo anterior con acciones que generen  un dinámico sector privado, sustentado en la ciencia, tecnología e innovación. Si las empresas tradicionales no lo han logrado, se tiene que fomentar la gestación de una nueva generación de investigadores-empresarios que lo hagan.

“Para que los investigadores puedan conocer a detalle los cambios que tuvo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos y que las universidades y CPI favorezcan la emisión de lineamientos específicos que permitan aprovechar al máximo esta reforma, es que el CCC pone a disposición en su página web toda la información para que cambie esta situación”, expuso el doctor Galindo.

 

Pie de foto: Si las empresas tradicionales no han logrado impulsar una economía basada en el conocimiento, se tiene que fomentar la gestación de una nueva generación de investigadores-empresarios que lo hagan, dijo Galindo Fentanes. Imagen: UAM.

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Emiliano Cassani
Foro Consultivo